Compartimos la preocupación puesto que las imágenes que se difunden son muy duras y uno imagina la gravedad de los acontecimientos. Sin embargo, la realidad y los matices siempre son diferentes:
1. Los actos de violencia están ocurriendo. Están organizados por quienes temen perder sus privilegios y supieron posicionar sus intereses en la población como si se tratase de los intereses de toda la población.
2. El objetivo de estos movimientos cívicos y prefecturales (gobiernos departamentales) es la "devolución del IDH" (Impuesto de Hidrocarburos). Un 30% que fue reorientado por el gobierno para un fondo solidario o un "bono dignidad" -un pago mensual de aproximadamente 27 dólares mensuales a los adultos mayores de 60 años. Si uno piensa en el porcentaje y el destino que se dio a esos fondos, no amerita las acciones tomadas.
3. La otra situación o demanda no manifiesta es la discusión de la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, que es objetada por algunos grupos empresariales asentados en la agroindustria y que son los dirigentes cívicos de los departamentos autodenominados "Media Luna". Detrás de esta oposición está planteada una falsa discusión acerca del “comunismo” y “socialismo” que supuestamente representaría esa Constitución y el gobierno de Evo Morales.
4. ¿Cuáles son los intereses en juego afectados?
La política de tierras del gobierno afecta a la agroindustria, a los latifundistas, a los ganaderos y repara parcialmente una vieja demanda de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas que, durante muchos años, no tenían ninguna seguridad jurídica sobre sus tierras y territorios. El gobierno actual, en correspondencia con la Declaración sobre Derechos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, continúa el proceso de titulación de tierras en favor de las comunidades y pueblos indígenas. Esta política afecta los intereses de los grupos empresariales antes mencionados y son quienes promueven las acciones que actualmente se viven con todos sus matices.
5. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con estos actos vandálicos? Los sectores empresariales en estas crisis, deliberadamente generadas, son los que más beneficios obtienen. Es el caso de las empresas importadoras de materiales de construcción, los agroindustriales y en general todos los sectores empresariales ligados al mercado mundial tienen un doble beneficio, primero con la baja sustancial de la cotización del dólar en el país y la venta de sus productos en Bolivia con precios elevados y cada vez en alza. En cambio los trabajadores y los sectores de clase media son los más afectados en esta crisis, por ello es fácil para estos sectores privilegiados conseguir eco en sectores de la clase media que ve agravada su situación, a los que fácilmente se suman grupos lumpen que ven oportunidades en los asaltos a las instituciones del Estado. Detrás de estas acciones están intereses mucho más fuertes, como las empresas transnacionales que perdieron el control de hidrocarburos, la embajada norteamericana que tiene vetado con el gobierno los proyectos de USAID y los mismos fueron volcados a las prefecturas y en parte promueven estas acciones.
6. El gobierno a su vez, a perdido las iniciativas, a perdido la cualidad de gobierno nacional, ha tenido una secuencia de acciones gubernamentales erráticas, desde inducir a los movimientos sociales a votar por el No a las autonomías, este fue el momento de quiebre que permitió entregar algunas banderas de los movimientos sociales como la lucha por la autonomía y la autodeterminación a los sectores de derecha recalcitrantes, enfeudados en los gobiernos prefecturales de oposición y los comités cívicos.
7. Los límites de este conflicto. Las acciones violentas y delincuenciales promovidas por los cívicos y prefectos de la “Media Luna” tiene un límite y es la toma de las instituciones estatales, luego no tienen más argumentos para sus acciones, salvo que reinventen demandas, por ejemplo dejar en segundo plano el IDH y hacer manifiesto las divergencias del texto del proyecto constitucional. Un tema capital en esos escenarios que puede hacer diferente los niveles de violencia y confrontación es la posición de las FFAA y la Policía. En el pasado, en acontecimientos similares, lo normal hubiese sido que la policía y el ejército “metieran bala" o dispararan a los sublevados y a los que asaltaran los establecimientos públicos. Pero no solo esto, el gobierno y las autoridades judiciales hubiesen iniciado acciones legales para los promotores y quienes son protagonistas de estos actos ilegales. Estos conflictos ocurren con la complacencia o la tolerancia de estas instituciones -no es que la policía y el ejército estuvieran arrinconados o que no tuvieron orden de disparar- sencillamente asumen una posición cómoda de no confrontarse con la población. Está fresca en la memoria institucional de la policía y el ejército, febrero negro y octubre sangriento del 2003. Además en estas instituciones, sus mandos medios no están alineados con la política de Evo Morales, por consiguiente no puede crecer el conflicto a límites de una guerra civil.
8. Finalmente, Bolivia es un escenario donde pasa de todo y no acontece nada. Todavía nos matamos para que otros vivan mejor, en este conflicto los que ponen el pellejo son cambas yescas y collas pobres. La salida al final del túnel es que se abre una nueva fase de discusiones sobre el texto constitucional.
Esperando que esta mirada pueda aportar a más lecturas, deseo que todos tengan mayor tranquilidad.
Un abrazo,
José A. Martínez
*Yescas: pobres
1. Los actos de violencia están ocurriendo. Están organizados por quienes temen perder sus privilegios y supieron posicionar sus intereses en la población como si se tratase de los intereses de toda la población.
2. El objetivo de estos movimientos cívicos y prefecturales (gobiernos departamentales) es la "devolución del IDH" (Impuesto de Hidrocarburos). Un 30% que fue reorientado por el gobierno para un fondo solidario o un "bono dignidad" -un pago mensual de aproximadamente 27 dólares mensuales a los adultos mayores de 60 años. Si uno piensa en el porcentaje y el destino que se dio a esos fondos, no amerita las acciones tomadas.
3. La otra situación o demanda no manifiesta es la discusión de la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, que es objetada por algunos grupos empresariales asentados en la agroindustria y que son los dirigentes cívicos de los departamentos autodenominados "Media Luna". Detrás de esta oposición está planteada una falsa discusión acerca del “comunismo” y “socialismo” que supuestamente representaría esa Constitución y el gobierno de Evo Morales.
4. ¿Cuáles son los intereses en juego afectados?
La política de tierras del gobierno afecta a la agroindustria, a los latifundistas, a los ganaderos y repara parcialmente una vieja demanda de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas que, durante muchos años, no tenían ninguna seguridad jurídica sobre sus tierras y territorios. El gobierno actual, en correspondencia con la Declaración sobre Derechos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, continúa el proceso de titulación de tierras en favor de las comunidades y pueblos indígenas. Esta política afecta los intereses de los grupos empresariales antes mencionados y son quienes promueven las acciones que actualmente se viven con todos sus matices.
5. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con estos actos vandálicos? Los sectores empresariales en estas crisis, deliberadamente generadas, son los que más beneficios obtienen. Es el caso de las empresas importadoras de materiales de construcción, los agroindustriales y en general todos los sectores empresariales ligados al mercado mundial tienen un doble beneficio, primero con la baja sustancial de la cotización del dólar en el país y la venta de sus productos en Bolivia con precios elevados y cada vez en alza. En cambio los trabajadores y los sectores de clase media son los más afectados en esta crisis, por ello es fácil para estos sectores privilegiados conseguir eco en sectores de la clase media que ve agravada su situación, a los que fácilmente se suman grupos lumpen que ven oportunidades en los asaltos a las instituciones del Estado. Detrás de estas acciones están intereses mucho más fuertes, como las empresas transnacionales que perdieron el control de hidrocarburos, la embajada norteamericana que tiene vetado con el gobierno los proyectos de USAID y los mismos fueron volcados a las prefecturas y en parte promueven estas acciones.
6. El gobierno a su vez, a perdido las iniciativas, a perdido la cualidad de gobierno nacional, ha tenido una secuencia de acciones gubernamentales erráticas, desde inducir a los movimientos sociales a votar por el No a las autonomías, este fue el momento de quiebre que permitió entregar algunas banderas de los movimientos sociales como la lucha por la autonomía y la autodeterminación a los sectores de derecha recalcitrantes, enfeudados en los gobiernos prefecturales de oposición y los comités cívicos.
7. Los límites de este conflicto. Las acciones violentas y delincuenciales promovidas por los cívicos y prefectos de la “Media Luna” tiene un límite y es la toma de las instituciones estatales, luego no tienen más argumentos para sus acciones, salvo que reinventen demandas, por ejemplo dejar en segundo plano el IDH y hacer manifiesto las divergencias del texto del proyecto constitucional. Un tema capital en esos escenarios que puede hacer diferente los niveles de violencia y confrontación es la posición de las FFAA y la Policía. En el pasado, en acontecimientos similares, lo normal hubiese sido que la policía y el ejército “metieran bala" o dispararan a los sublevados y a los que asaltaran los establecimientos públicos. Pero no solo esto, el gobierno y las autoridades judiciales hubiesen iniciado acciones legales para los promotores y quienes son protagonistas de estos actos ilegales. Estos conflictos ocurren con la complacencia o la tolerancia de estas instituciones -no es que la policía y el ejército estuvieran arrinconados o que no tuvieron orden de disparar- sencillamente asumen una posición cómoda de no confrontarse con la población. Está fresca en la memoria institucional de la policía y el ejército, febrero negro y octubre sangriento del 2003. Además en estas instituciones, sus mandos medios no están alineados con la política de Evo Morales, por consiguiente no puede crecer el conflicto a límites de una guerra civil.
8. Finalmente, Bolivia es un escenario donde pasa de todo y no acontece nada. Todavía nos matamos para que otros vivan mejor, en este conflicto los que ponen el pellejo son cambas yescas y collas pobres. La salida al final del túnel es que se abre una nueva fase de discusiones sobre el texto constitucional.
Esperando que esta mirada pueda aportar a más lecturas, deseo que todos tengan mayor tranquilidad.
Un abrazo,
José A. Martínez
*Yescas: pobres
2 comentarios:
Es interesante conocer otras aristas del problema.
Esto que cuentas de Bolivia es una historia recurrente. Al parecer el gobierno está tomando medidas para solucionar varios problemas históricos, pero todavía falta mucha madurez a los ciudadanos que integramos el hemisferio sur, ya que no entendemos la importancia que tiene participar en las discusiones que tienden a lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras sociedades. Olclor
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